En estos últimos días los gallegos nos estamos enterando que la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Política Territorial, va a elaborar una nueva ley para la Protección del Litoral que prohibirá la construcción en los primeros 500 metros de la franja de territorio más cercana a la costa.
Este tipo de iniciativas de futuro destinadas a proteger nuestro medio ambiente y evitar la construcción y especulación salvaje que estamos viviendo en Galicia son realmente necesarias.
La sensibilidad que muestra la Xunta por la protección del litoral no se está viendo reflejada en el presente más cercano. Cientos de expedientes incoados por edificaciones ilegales construidas en la zona de protección de la Costa (menos de 100 m del mar) se acumulan en las dependencias del Servicio de Protección del Litoral sin que se dicte la correspondiente resolución administrativa que obligue a la demolición de esos mamotretos que tanto afean nuestra maravillosa costa.
La falta de personal, de iniciativa política y sobre todo de rigor en la vigilancia y sanción de la vigente ley de Costas por parte de la Consellería de Política Territorial está permitiendo que promotores desalmados, en muchos casos con la connivencia de los Concellos, sigan construyendo y que no pase nada.
Nos preguntamos de qué sirve hacer una ley para proteger los primeros 500 m cuando la Xunta no es capaz de defender los 100 primeros. Si ahora son cientos los expedientes incoados que no se resuelven, cuántos habrá cuando se extienda el ámbito de protección.
Como ejemplo podemos citar la playa de Santa Marta-Limens en el Concello de Cangas do Morrazo. En mayo 2003 un vecino pensó que podía saltarse a la torera la ley de Costas y empezó a construir un monumento al feísmo en la zona de protección de la Costa, justo al lado de la Capilla del siglo XVII. Desde entonces el expediente sancionador y de restitución de la legalidad duerme en el Servicio de Protección del Litoral sin que se dicte la correspondiente resolución.
Es necesario, si realmente queremos proteger nuestro patrimonio medioambiental y cultural, que las administraciones actúen con rigor, eficacia y agilidad, de forma que todo aquel que pueda tener la tentación de incumplir la norma en su beneficio desista de ello.

















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