LÍNEA ABIERTA-LA VOZ DE GALICIA
Firma: | XOSÉ CARLOS ARIAS |


SON DATOS muy conocidos, pero quizá no sobre recordarlos: 850.000 viviendas iniciadas en España en el 2006 (sólo en Andalucía, tantas como en todo el Reino Unido); el mayor índice de viviendas por habitante de la UE (0,509), más que doblando la media de ésta en el caso de las segundas viviendas; en torno a tres millones de viviendas desocupadas; una deuda de las familias que se encuentra entre las mayores del mundo desarrollado. Y junto a todo ello, un aparente enigma económico: la existencia de una gran burbuja de precios, que hace muy difícil para una parte de la población el acceso a ese bien.

Cierto que no han faltado razones para aumentar el parque residencial, incluyendo la importante inmigración o los cambios en la familia tradicional (de eso se hablará aquí en otra ocasión). El problema ha sido y es de intensidad, de proporción: una gran desmesura de efectos difícilmente reversibles, que ha potenciado algunas perversiones profundas. Ahí están la multiplicación de escándalos, el retroceso en índices internacionales de corrupción y hasta el bochorno de ser abroncados por un personaje como Putin.

¿Por qué se ha llegado hasta aquí? Entre las múltiples causas de la marea constructora hay alguna obvia, como la evolución de los mercados financieros, con tipos de interés históricamente bajos. Pero el fenómeno se explica también por algunos problemas crónicos de nuestro sistema institucional. El primero de ellos es el mal encaje de los poderes locales en la estructura de gobierno multinivel. Ayuntamientos que adolecen de una grave insuficiencia financiera asumen gran capacidad de decisión en materia tan sensible como la urbanística, en la cual las tentaciones no faltan: el hambre junto a las ganas de comer.

El segundo asunto es la acreditada ineficiencia del sistema judicial. El gran retraso en las sentencias, su frecuente revisión por parte de tribunales superiores, y -sobre todo- el hecho de que casi nunca se ejecuten, crean grandes incentivos para seguir delinquiendo. Anomalías profundas ante las que probablemente no llegue con el esperanzador nombramiento de Antonio Vercher como fiscal de urbanismo.

Y en tercer lugar, está la desequilibrada configuración de la acción colectiva. Porque aún ahora, cuando la opinión pública ha despertado con fuerza ante el problema, la gran mayoría de los grupos de interés influyentes mantienen una actitud tibia, cuando no complaciente, ante ese modelo insostenible. Y no sólo son las patronales; también los sindicatos se han dejado apoderar por una visión en exceso cortoplacista de la generación de empleo. Confiemos en que eso también cambie en el inmediato futuro.


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